Nuestra asesoría se brinda frente a la actuación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) del Indecopi, que es la encargada de conocer los actos y disposiciones de la entidades de la Administración Pública que establezcan requisitos, exigencias, limitaciones, cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la permanencia de los agentes económicos en el mercado, a fin de determinar su legalidad y razonabilidad.
Esta Comisión es además responsable de efectuar el control posterior del cumplimiento de las normas y principios de simplificación administrativa por parte de las entidades del Estado y de identificar aquellos tributos municipales que graven el libre tránsito de personas, bienes y mercaderías en el territorio nacional.
En esta línea se brinda asesoría tanto a los privados que ven limitado su acceso al mercado por requisitos, exigencias, limitaciones, cobros y prohibiciones que indebidamente se les impongan a efecto de lograr su inaplicación así como para las instituciones públicas que requieran realizar un Due Diligence de sus TUPAs y de la normativa que aplica frente a los ciudadanos y/o usuarios para lograr tener una gestión mucho más eficiente frente a la colectividad, eliminar las barreras denunciadas y evitar sanciones a la institución y a los funcionarios que las aplican en cumplimiento de las normas que en este momento rigen sobre el particular.
Las barreras burocráticas pueden ser de dos tipos:
Una barrera burocrática es ilegal cuando contraviene alguna de las disposiciones que garantizan el libre funcionamiento del mercado y que la CEB tiene encargado tutelar. Esas disposiciones son: el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y sus reglamentos; el Decreto Legislativo Nº 668, Libertad de Comercio Exterior e Interior; y, el artículo 61º del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipa
Una barrera burocrática es carente de razonabilidad cuando su objeto o finalidad, o las exigencias que de ella se deriven, sean contrarias a las prácticas y principios de orden lógico, razonable y proporcional, que deben regir en el marco de una Economía Social de Mercado.